En mayo del 2019, un informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, informaba que las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump habían causado decenas de muertes al empeorar rápidamente la crisis humanitaria.
Según Weisbrot, este tipo de agresiones impedían a los venezolanos el pago de medicamentos, equipos, alimentos y otros bienes esenciales. Para Jeffrey Sachs, esta política es “infructuosa, fracasada, despiadada, ilegal y causa graves daños. Estas Medidas Coercitivas Unilaterales causan tanto daño como una guerra y son un irrespeto del derecho internacional”.
Venezuela cambió para siempre desde que se convirtió en un país sancionado por los Estados Unidos y la ciudadanía adquirió mayor comprensión y conciencia sobre el valor de su propia patria. La implementación de las primeras sanciones en el año 2015 eran solo el comienzo de una serie de agresiones despiadadas sobre la economía nacional por parte de una potencia extranjera con ayuda de un sector de la oposición venezolana.
Cuando las sanciones sectoriales llegaron, ya no se trataba solo de una medida de “presión” para generar incentivos dentro de una negociación o supuestos quiebres dentro de la coalición del gobierno, era mucho más que eso. En la práctica, se convirtió en una arremetida mediática acompañada de amenazas militares y operaciones psicológicas sobre la población.
Hablamos de una gran campaña de agresión sistemática sobre la soberanía de Venezuela que contempla bloqueos financieros, amenazas diplomáticas, aislamiento comercial y aeronáutico, llamados a desestabilización interna, Medidas Coercitivas Unilaterales así tipificadas por la ONU.
Desde el inicio de las Agresiones Económicas Unilaterales, se manejó el argumento político: “Mientras más sanciones, más débil será el gobierno”. Esto se convirtió en una consigna dentro de la élite de la oposición venezolana quienes han apoyado estas medidas desde su implementación. La temporalidad, el alcance y los daños colaterales nunca fueron explicados y los actores políticos de la oposición venezolana decidieron impulsar una política de exigencias a los Estados Unidos para que fuera más contundente en su estrategia sancionatoria. Sin embargo, desde Washington, académicos, consultores, economistas, politólogos e investigadores, advertían de los riesgos de estas agresiones sobre Venezuela y su impacto en la población más vulnerable.
En mayo del 2019, un informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, informaba que las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump habían causado decenas de muertes al empeorar rápidamente la crisis humanitaria. Según Weisbrot, este tipo de agresiones impedían a los venezolanos el pago de medicamentos, equipos, alimentos y otros bienes esenciales. Para Jeffrey Sachs, esta política es “infructuosa, fracasada, despiadada, ilegal y causa graves daños. Estas Medidas Coercitivas Unilaterales causan tanto daño como una guerra y son un irrespeto del derecho internacional”. Otra investigación del año 2020 por parte de WOLA The Washington on Latin America y el economista Luis Oliveros, refleja los problemas de la importación de alimentos y medicinas. Dichas prácticas van en contra del principio de igualdad soberana y contradicen la estructura horizontal del sistema internacional según la profesora de derecho internacional de la Universidad de Utrecht, Alexandra Hofer.
La evidencia que refleja el impacto negativo de estas medidas sobre Venezuela sobrepasa la realidad y los discursos políticos que niegan su efecto destructivo. Durante más de cinco años, la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado ha instrumentalizado las sanciones para atacar mediáticamente y perseguir a aquellos sectores de la sociedad que con fundamento, datos e investigación no están de acuerdo con esta agresión asumida por la Casa Blanca. Esta situación ha generado una gran fractura dentro de la misma oposición ya que plantea problemas estratégicos en aquellas organizaciones que se sostienen del pulso electoral norteamericano. Estamos hablando de políticos venezolanos que reemplazaron la política local por la dependencia a la comunidad internacional y la esperanza de la estrategia “máxima presión”. Algo que hoy pudiéramos llamar política exterior de “máxima agresión” tan solo al ver lo que se ha permitido en la Franja de Gaza hoy en día. La «teoría ingenua» de Galtung (1967) según la cual la privación económica provocada por las sanciones genera malestar, creando una “cinta social de transmisión” que presiona a los gobernantes a ceder ya no se considera el único mecanismo mediante el cual las sanciones generan cambios de comportamientos.
La ciudadanía venezolana nuevamente, siendo la más afectada, ha generado mayor conciencia sobre este tema tan complejo y de múltiples aristas. Hoy, más del 85% de los venezolanos rechaza las sanciones y también los llamados a una intervención militar. Si hacemos una evaluación retrospectiva de los resultados de esta política exterior durante los últimos años, podemos concluir que las Medidas Coercitivas Unilaterales no han logrado un cambio de gobierno, al contrario, las relaciones energéticas con China y la diplomacia con el resto del mundo se ha fortalecido, también, la producción de petróleo ha tenido un incremento considerable que supera el millón de barriles de petróleo. Por otro lado, el estamento militar ha logrado cohesionarse al observar cómo una nación que pretende ser un faro moral para la comunidad internacional utiliza todo su arsenal político y mediático para agredir a un país vecino, país con el que, por cierto, tiene activas operaciones con una de sus principales petroleras como Chevron. Algo absurdo, contradictorio.
No toda la presión sobre el gobierno son las sanciones. En el año 2019, Donald Trump, acompañado de Rex Tillerson, Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton, Rick Scott y Marco Rubio, puso sobre la mesa la amenaza de una intervención militar hacia Venezuela, así como la aplicación de más sanciones para el país. Esto con el consentimiento público de dirigentes como Juan Guaidó, María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López. Las consignas que contaminaban la opinión pública de ese momento rechazaban el diálogo y la negociación incluso con la mediación de Noruega. La propuesta era que Venezuela tenía que atravesar una “hecatombe económica” que supuestamente debilitara las estructuras del poder central para salir de Nicolas Maduro. William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela había declarado en 2018 para una entrevista en La Voz de América lo siguiente: “Si vamos a sancionar PDVSA, esto va a tener un impacto en el pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Ellos ya sufren por falta de alimentos, medicinas y salud pública y la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o años”.
La relatora de la ONU encargada de evaluar el impacto negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan, ha concluido luego de una extensa investigación que las sanciones no contribuyen a generar cambios de régimen político sino a empobrecer a la gente al limitar las capacidades estatales del gobierno. Como ha ocurrido en Venezuela durante los últimos años, las sanciones han obstaculizado cualquier posibilidad de recuperación económica al afectar directamente la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país, también al limitar el transporte, comercio y transacciones en los mercados internacionales.
En el tablero político opositor, la excesiva dependencia de la nueva administración de Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio la aleja de un equilibrio en las expectativas reales de cambio y reduciéndolo todo a declaraciones rimbombantes, tweets amenazantes que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro está debilitado y en poco tiempo saldrá del poder. Algo muy parecido sucedió durante los años de Juan Guaidó donde se subestimó la capacidad política del gobierno de disuadir cualquier amenaza interna y externa, a pesar de las presiones diplomáticas, el aislamiento, las sanciones, la pandemia y todo el respaldo de la comunidad internacional que tenía Juan Guaidó, que, por cierto, contaba con un gran apoyo financiero por parte de la USAID.
En casi todos los escenarios, la oposición no controla ninguna de las opciones y su capacidad de maniobra es extremadamente limitada, la mayoría de los movimientos de “presión”, sinónimo de más amenazas y más sanciones, dependen de los intereses de la comunidad internacional y de la convulsión geopolítica. No está en manos de María Corina Machado o cualquier otro opositor activar una estrategia de presión bélica internacional o impulsar un desembarco de tropas norteamericanas en una costa venezolana. Sin embargo, son autores responsables de la política de agresión sobre Venezuela desde el año 2017.
A mediano plazo, se estima que en la reforma constitucional se discutan estos temas y se establezcan acciones penales sobre los actores políticos que coordinen agresiones económicas y militares sobre Venezuela. Esto es algo que obliga a la oposición a redefinir su rumbo y a deslindarse de los sectores belicistas que durante años aspiran a una intervención de tropas norteamericanas en Venezuela.