La acumulación de desigualdades, abusos y malestares macerados por décadas está en el subsuelo del llamado “estallido social” chileno que inició una marejada de protestas y masivas movilizaciones a partir del 18 de octubre de 2019.
Cinco años después los impactos de la revuelta popular todavía se hacen sentir. En estos días se libra la disputa sobre el carácter de esa movilización, su origen, los cambios que produjo, la vigencia de las demandas y las reformas pendientes en la institucionalidad cuestionada. Eso para las fuerzas progresistas, mientras los sectores conservadores buscan imponer la idea de que todo se trató de “violencia desatada” de un “estallido delincuencial”.
En 2019, Chile era gobernado por Sebastián Piñera, fallecido en un accidente en febrero pasado, cuya administración generó un creciente rechazo por su incapacidad de resolver problemas como las bajas pensiones, el alza de servicios básicos, un aumento de la inflación y la subida de los pasajes del metro subterráneo. Esta última medida que determinó un alza de apenas 30 pesos por boleto encendió la chispa: primero con la persistente movilización de los estudiantes que a diario se manifestaban en las estaciones de la capital y luego con miles de trabajadores que se sumaron cuando las autoridades decidieron cerrar el servicio. Eso sucedió ese viernes 18 de octubre que, iniciada la noche, derivó en una gigantesca protesta popular en la capital para luego extenderse a las principales ciudades chilenas.
El esfuerzo gubernamental por colocar el foco en la violencia callejera, los saqueos y los enfrentamientos con la policía, contrastaba con la movilización pacífica de millones de manifestantes
La primera noche de la rebelión fueron quemadas más de 50 estaciones del subterráneo —sin que hasta ahora haya sido posible establecer la autoría— y fueron atacadas decenas de cuarteles policiales. La reacción del gobierno derechista fue la represión. “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, dijo Piñera, 36 horas después de iniciada la revuelta, con lo que agregó más gasolina a la hoguera.
El esfuerzo gubernamental por colocar el foco en la violencia callejera, los saqueos y los enfrentamientos con la policía, contrastaba con la movilización pacífica de millones de manifestantes. El punto más alto llegó el 25 de octubre, cuando más de dos millones de chilenos a las calles en todo el país. Por entonces ya era claro que el movimiento social tenía total autonomía, no obedecía a una conducción centralizada y que los partidos de izquierda no jugaban ningún papel relevante en la convocatoria. La protesta contra la economía de mercado, la concentración de la riqueza y los abusos de los grupos económicos, entre otros reclamos, comenzaron a articularse con las demandas por salarios justos, empleos dignos, mejores pensiones, calidad en la salud y educación pública, reconocimiento a los pueblos originarios y una larga de reivindicaciones postergadas que, finalmente se fue sintetizando en el cambio constitucional.
Casi un mes después, cuando los militares ya habían sido sacados a las calles, se acumulaban las denuncias por atropellos a los derechos humanos de os manifestantes y apenas dos días después de un notorio paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones sociales, Piñera llamó a los congresistas a presentar una propuesta que pusiera fin a la Constitución heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet.
La salida política que se abrió tomo la forma de un acuerdo nacional por el cambio constitucional, que fue suscrito por todo el arco político con la excepción del Partido Comunista. El documento también fue suscrito por el entonces diputado Gabriel Boric, cuyo partido —Convergencia Social— sufrió una fuerte tensión interna que significó la salida de un sector que rechazó la postura del hoy presidente de Chile.
En medio de movilizaciones y protestas que se mantuvieron por varias semanas más, los congresistas se abocaron a preparar las reformas constitucionales y legales para dar curso al inédito proceso de elaborar —por primera vez en la historia de Chile— una Constitución en democracia, a través de una asamblea paritaria, con escaños reservados a pueblos originarios y la participación de independientes.
La rebelión de 2019 fortaleció a las fuerzas transformadoras, en particular a la izquierda, e hizo posible la llegada a La Moneda del frenteamplista de Gabriel Boric
Las protestas se fueron apagando hasta la llegada de la pandemia viral y las cuarentenas, que terminaron por apagar el impulso de la rebelión. Se abría el camino de una salida política al conflicto. El proceso posterior arrojó un plebiscito que consultó sobre si habría cambio de Constitución y el tipo de organismo que la escribiría. Más del 78 por ciento apoyó el término de la herencia pinochetista.
La rebelión de 2019, pese a no ocupar un papel relevante en la conducción política, fortaleció a las fuerzas transformadoras, en particular a la izquierda, e hizo posible la llegada a La Moneda del frenteamplista de Gabriel Boric. La elección de la Convención Constitucional que dio mayoría a la izquierda y movimientos sociales parecía marcar un crecimiento cualitativo de influencia de la izquierda en la sociedad y esa mayoría circunstancial facilitó la elaboración de un proyecto constitucional de profundidad transformadora. “Es una propuesta partisana e identitaria”, reclamaron los sectores conservadores.
El 4 de septiembre de 2022 la Constitución con sello de izquierda fue plebiscitada. El 62 por ciento de los votantes rechazaron la propuesta, marcando una profunda derrota para la izquierda y abrió paso a un segundo proceso, ahora a cargo de un Consejo con hegemonía de la derecha y con fuerte presencia de la ultraderecha.
La propuesta conservadora recibió el 53 por ciento de rechazo y con ello se cerró el proceso constitucional, por lo que la Constitución elaborada por la dictadura civil militar de Pinochet sigue vigente. El resultado frenó el crecimiento e influencia de la extrema derecha, aunque tiene capacidad coyuntural de ejercer hegemonía sobre el resto del sector conservador.
Así las cosas, la rebelión popular de 2019 permitió un proceso constitucional fracasado en sus dos partes, y dejó una lista aún extensa de demandas por satisfacer.
“No podemos solo reducir el estallido social a los hechos delictuales o los hechos de violencia, sino que tratar de abordar las demandas subyacentes al estallido. Para nosotros como gobierno lo importante es entrar al debate ahí, porque sobre lo otro hemos estado hablando de manera permanente”, dijo la ministra portavoz Camila Vallejo, al responder a dichos de parlamentarios de derecha que pedían revertir los indultos a personas juzgadas por hechos de violencia en las protestas.
“Lo que nos falta es seguir avanzando en los temas que siguen pendientes, nuestra apuesta está ahí. Nuestro llamado al Parlamento es no solo seguir avanzando en la agenda de seguridad, sino que también en el término del CAE (sistema de financiamiento de la educación superior), en acelerar la aprobación de la reforma de pensiones, avanzar en la Ley de Presupuesto que también ha sido criticada por la oposición por el aumento del gasto, pero que van pensados en resolver los problemas del presente de nuestros compatriotas”, agregó la ministra.
Lautaro Carmona, presidente del PC, puntualizó que cinco años después la derecha busca ignorar las causas que motivaron el estallido social, al reducirlo a actos de violencia. «Negar un pedazo de historia reduciendo a la manifestación que no es la esencia de la convocatoria, me parece que es no querer hacer una política que responda a esa demanda y mantener una política de elite, de exclusivos, de contra los intereses de mayorías”, dijo.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que ante “un proceso que afectó tan profundamente a nuestro país, es necesario que seamos capaces de dar lecturas que también le den una profundidad, y en ese sentido las demandas del estallido social siguen completamente vigentes y tenemos que ser capaces, como política, de poder resolver temas tan sentidos para la ciudadanía como el fin del endeudamiento (estudiantil), como también mejorar las pensiones hoy, no mañana».
El destacado intelectual Manuel Antonio Garretón, vinculado al pensamiento socialista, es más radical en su diagnóstico: “Lo que tenemos es una sociedad estallada, sin proyecto, sin un proceso como se vivieron desde los años 30 para adelante, distintos procesos, que en el fondo enmarcaban al conjunto de la sociedad, aunque hubiera posiciones distintas respecto a ello, como la reforma agraria, como la vía chilena al socialismo, como la búsqueda de democracia contra la dictadura, etcétera. Estamos en una situación de crisis social y cultural muy grande, porque no se han resuelto los grandes problemas que afectaban a la sociedad y no hay ningún consenso político ni tampoco, yo diría, un consenso puntual respecto de las transformaciones que el país necesita. Estamos en un país sin proyecto”.