Por primera vez en su turbulenta carrera política, el expresidente Uribe compareció personalmente ante los juzgados capitalinos en los que se investiga su actuación por manipulación de testigos y fraude procesal. La jueza al mando de la causa deberá tomar una decisión antes del 8 de octubre o el proceso prescribirá, pese al extenso prontuario del exmandatario.
La hipótesis que la Fiscalía espera comprobar es que el entonces senador y expresidente Uribe habría presionado los testimonios de varios paramilitares presos usando a su emisor y abogado Diego Cadena. El propósito era deslegitimar las investigaciones del también senador Iván Cepeda que le vinculan a la supuesta constitución del Bloque Metro de la confederación de ultraderecha conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según Cepeda, tanto Álvaro Uribe como su hermano Santiago construyeron una red de apoyos entre el empresariado, los hacendados, los militares y los políticos de carrera de la región para establecer un dominio paraestatal sobre las regiones del norte, nordeste y oriente antioqueño. Entre las acciones militares más relevantes del Bloque Metro se encuentran las masacres de La Granja (1996), el Aro (1997), San Carlos y San Luís (2001), y las reiteradas incursiones sobre la Comuna 13 de Medellín desde el año 2001. Las matanzas se cometieron entre la gobernación departamental de Uribe y su ascenso a la presidencia.
El lunes 10 de febrero, la bancada de víctimas en el caso Uribe solicitó la presencia de la observación internacional de la ONU y la CID
A lo largo de su vida política, Álvaro Uribe ha sido vinculado a la expansión del narcotráfico y a graves violaciones de derechos humanos por casos como la Operación Orión del 2002 y las ejecuciones extrajudiciales a lo largo de sus dos mandatos. Otra atención merece la instrumentalización de las instituciones del Estado para hechos delictivos como la apropiación ilegal de tierras durante la aplicación del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), la compra de congresistas para su reelección en 2010 y la desestructuración fraudulenta de los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el Estado en 2016. Hasta el momento, por lo menos 9 testigos en su contra han muerto en extrañas circunstancias.
Las mil y una trampas de Granados
Desde el inicio del proceso el pasado 7 de febrero, el abogado de Uribe, Jaime Granados, ha procurado todo tipo de argucias para entorpecer el proceso en vistas a la prescripción de octubre. El defensor intentó desplazar a la jueza Sandra Liliana Heredia mediante una recusación por supuesta parcialidad. La jueza, apoyada en la Fiscalía y los representantes de las víctimas, rechazó la petición: “No van a crucificar a la suscrita por el cumplimiento de mis funciones. He ofrecido las garantías y sí me he equivocado, pues mi superior funcional efectivamente ha emitido las correcciones y, como es mi deber, las he acatado oportunamente. ¿Por qué? El único interés es, repito, resolver de una manera rápida la situación del señor Uribe Vélez que, como quiera que estamos frente a un proceso que está próximo a prescribir, me obliga a proceder de conformidad”, explicó la jueza.
Superada la zancadilla de la defensa, el proceso prosiguió con los testimonios de las víctimas. El primero en tomar la palabra fue el senador de izquierdas y fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda. De acuerdo a los testimonios de ex líderes paramilitares recabados por él en 2011, entre quienes se encuentran Pablo Hernán Sierra, alias ‘Pablo Guerrero’, los hermanos Uribe cofundaron el Bloque Metro de Antioquia.
Acto seguido, la defensa de Uribe volvió a tomar la palabra y solicitó, con la favorabilidad de la jueza, el aplazamiento de la diligencia argumentando el “desgaste de la jornada”. En la segunda parte de la indagación, Granados insistió en la supuesta tergiversación de los testimonios de varios paramilitares que señalaron la participación del exmandatario en el proceder del paramilitarismo. “No existen pruebas de que el doctor Uribe haya instruido a Diego Cadena para ofrecer dinero, beneficios u otras dádivas a testigos con el fin de que mintieran o guardaran silencio”, afirmó.
¿Intervención internacional?
El lunes 10 de febrero, la bancada de víctimas en el caso Uribe solicitó la presencia de la observación internacional de la ONU y la CIDH. De acuerdo con el documento, “Uribe Vélez y su círculo más cercano han emprendido, de tiempo atrás, una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso”. También enumeran distintas maniobras tendientes a la prescripción como la renuncia del expresidente al Senado en 2020, lo que permitió que el escenario jurídico se desplazara a las salas de su amigo y cómplice, el exfiscal Francisco Barbosa, investigado por colaborar con el Clan del Golfo en el Pacífico colombiano.
El 2025 se presagia como un año de fuertes choques. Mientras el gobierno del Pacto Histórico se defiende del alarmismo y las divisiones internas, el uribismo busca rescatar a su patriarca de la prisión para avanzar con su legado criminal como bandera
Recordemos que el partido de ultraderecha Centro Democrático pidió al Partido Republicano de los Estados Unidos intervenir en el proceso por la supuesta vinculación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el USAIDGATE. Además, han enviado requisitorias directas al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al congresista de la Florida Mario Díaz-Balart. Este último no ha dudado en impulsar una campaña republicana en apoyo a Uribe, bajo el argumento de que el proceso judicial es una “farsa” y una “cacería de brujas” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Finalmente, el pasado martes 11 de febrero la defensa del presidente Uribe huyó en medio del descanso brindado por la sala judicial, por lo que la audiencia se aplazó en medio del estruendoso silencio de la prensa hegemónica. A propósito, mientras la defensa de Uribe rehuía a la justicia, la periodista de Semana y candidata presidencial, Vicky Dávila, viajaba a Washington para autorrepresentar sus intereses en nombre de 50 millones de colombianos: “Tenemos que evitar a toda costa las sanciones de Estados Unidos que nos afectan a todos, destruyen nuestras empresas, los negocios y la economía y dañan a nuestros ciudadanos”. En su gira, no faltaron las fotos con los lobbistas de la impunidad de Uribe, los republicanos Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
El 2025 se presagia como un año de fuertes choques. Mientras el gobierno del Pacto Histórico se defiende del alarmismo y las divisiones internas, el uribismo busca rescatar a su patriarca de la prisión para avanzar con su legado criminal como bandera. En esa coyuntura, las mujeres a la derecha de Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila, tendrán que apostar por rifarse al mínimo precio ante el retorno de un republicanismo que no parece beneficiar ni siquiera a los propios.