Esta semana se conmemoran 22 años de la Operación Orión, uno de los peores horrores cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que sirve como testimonio de las consecuencias nefastas de la Seguridad Democrática que no fue otra cosa que la reedición de la doctrina de contención al comunismo que en varias latitudes sirvió de pretexto para perseguir, torturar y asesinar cualquier asomo de progresismo o resistencia popular.
Más de dos décadas después de Orión, en Colombia cunda el negacionismo entre el establecimiento que sigue justificando los excesos de la guerra en la necesidad de contrarrestar a la subversión. Nada distinto al negacionismo y relativismo del que han hecho prueba en el último tiempo Javier Milei y Jair Bolsonaro, hijos ideológicos de una extrema derecha que en Europa se ha encargado de reivindicar los antivalores que amenazan los derechos humanos. No se haga extraño que se multipliquen las justificaciones a las dictaduras militares del pasado, porque la batalla en América Latina es por reescribir la historia para justificar aquello que desde el humanismo resulta imposible.
La Operación Orión llevada a cabo el 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13, buscaba según las autoridades, recuperar el control de una zona medellinense a la que se rotulaba como bajo control de los grupos armados FARC, ELN y los Comandos Armados del Pueblo
En Colombia se enseña historia haciendo hincapié en el contraste entre las dictaduras militares del Cono Sur que marcaron la pauta en la segunda mitad del siglo XX y la estabilidad de la democracia colombiana instalada a partir de 1957 mediante un pacto entre los dos grandes partidos tradicionales, Liberal y Conservador para poner fin al régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla. Así han crecido generaciones de colombianos, pensando en que su democracia ha sido paradigma de estabilidad. Sin embargo, detrás del engañoso y relativo orden que impuso un sistema en el que el establecimiento partidista de manera descarada se repartió el poder hasta los 70, se esconden las peores contradicciones que terminaron por generar violencia y exclusión. La Constitución de 1991, que fue además el punto de llegada de un proceso de paz con distintas guerrillas (entre ellas el M19 de donde surgiría el actual presidente colombiano), sirvió para corregir buena parte de las imperfecciones del sistema político y para reconciliar al régimen con los derechos humanos ampliando su catálogo y sirviendo como un caso visionario de garantías liberales progresistas (derechos humanos de segunda y tercera generación, socio-económicos, ambientales y de grupo).
Sin embargo, la crisis de gobernabilidad generada por el conflicto armado llevó al poder a Álvaro Uribe Vélez al poder en 2002 y con ello el punitivismo propio de la derecha estuvo en boga. Con la política de la Seguridad Democrática como se bautizó una doctrina de imposición del orden a sangre y fuego tuvieron lugar acciones como la Operación Orión en Medellín donde la Fuerza Pública apoyada en el paramilitarismo violó sin descanso todos los protocolos humanitarios en aras de derrotar militarmente a las guerrillas. La Operación Orión llevada a cabo el 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13, buscaba según las autoridades, recuperar el control de una zona medellinense a la que se rotulaba como bajo control de los grupos armados FARC, ELN y los Comandos Armados del Pueblo. La Comuna 13 había sufrido la peor estigmatización y, por ende, un asilamiento brutal. Como es costumbre en la estrategia antisubversiva expuesta en todo su rigor en el Plan Condor, a los ciudadanos se les vincula con grupos, a quienes resisten se le etiqueta de terroristas y con la excusa de que las guerrillas se mimetizan con la población, el Estado ejerce la violencia de manera indiscriminada. Pues bien, ese 16 y 17 de octubre de 2002 fueron asesinadas más de 70 personas, 12 torturadas, más de 90 desaparecidas y se produjeron 370 detenciones arbitrarias.
Es común que en Colombia se justifiquen este tipo de masacres y ejecuciones o se relativice su gravedad
Hasta el día de hoy no ha habido justicia, los testimonios de algunos paramilitares han servido para tener acceso a parte de la versión, pero el silencio de los políticos de la época impide cualquier acceso pleno a la verdad. La ausencia de un proceso de memoria solamente revictimiza a quienes perdieron a algún familiar o siguen buscando a personas dadas por desaparecidas. Si bien los medios de comunicación han cubierto el tema, en pocos casos se habla de la responsabilidad del Estado en esta tragedia, o se busca a quienes hoy desde una posición de poder siguen pontificando sobre “lo divino y humano”. Aunque parezca insólito, las autoridades locales tanto el gobierno de Medellín como el de Antioquia (ciudad y departamento) representadas por el alcalde Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendon, fichas del uribismo, han guardado silencio. En los actos de conmemoración y reflexión sobre una jornada sangrienta y aciaga para los derechos humanos, ninguna autoridad se hizo presente, una señal univoca de negacionismo y rechazo a las víctimas.
Es común que en Colombia se justifiquen este tipo de masacres y ejecuciones o se relativice su gravedad. Los comentarios en redes sociales (representativos de la forma en que parte del establecimiento entiende la historia reciente) dan cuenta de una voluntad por enterrar la verdad y proteger a los victimarios. Orión ha sido la operación militar más grandes llevada a cabo en una ciudad y quedará en la historia como un registro de la ignominia de la Seguridad Democrática, un esquema que permitió que durante 8 años consecutivos se violaran todos los protocolos del DIH, se violaran los derechos humanos y se retrotrajera como pocas veces en la historia reciente el Estado de derecho. Sí, Colombia no tuvo en estricto sentido una dictadura militar en los 70 y 80 como las que aquejaron al Cono Sur, pero padeció en pleno siglo XXI uno de los autoritarismos no sólo más regresivo, sino más legitimados por un establecimiento insensible a los derechos humanos. Orión permanece como una deuda histórica que las víctimas se niegan a olvidar confirmando de paso que la resistencia por la memoria es fundamental para la paz.
Mauricio Jaramillo Jassir